El Defensor del Paciente envía una carta a Sánchez pidiendo acabar con la violencia obstétrica tras dictamen de la ONU
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir el fin de la violencia obstétrica durante el parto que sufren algunas mujeres en España, tras el dictamen conocido este viernes en el que la ONU responsabiliza a nuestro país de un nuevo caso.
En concreto, la carta de la asociación, también dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, reclama al Gobierno que este dictamen de la ONU sobre la violencia obstetrica en la mujer “sea vinculante en España para el buen trato en los partos”.
Flores defiende que estas prácticas son “muy habituales” en España a la hora de dar a luz. “Comenzando por hacerlas sufrir para terminar haciendo cesárea. Después, tanto bebé como madre presentan daños psicológicos y sufrimiento fetal. La mayoría de los partos los atiende una matrona en lugar de un ginecólogo, la matrona es la ayuda para el médico nada más…”, ha lamentado.
Para la asociación, que define estos episodios como “una vivencia terrible para las mujeres”, los partos deberían ser “sin violencia ni malos modos para la mujer”.
Esta es la tercera vez que la ONU responsabiliza a España de un caso de violencia obstétrica durante el parto. En esta ocasión, se trata de una mujer de 38 años que el 6 de enero de 2009 fue atendida en un hospital público de Sevilla, donde, entre otras malas prácticas, tuvo que parir por cesárea pese a no firmar el consentimiento informado.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dependiente de la ONU, ha concluido que existió violencia obstétrica en este caso debido a la “pérdida de dignidad; el abuso y el maltrato sufrido por la mujer; la aplicación irregular de anestesia epidural; la falta de consideración de patologías previas sin el consentimiento informado y/o sin haber justificado la necesidad de dichas intervenciones; y la omisión en recabar el consentimiento informado previo a realizar una cesárea, todo lo cual dejó secuelas físicas y psicológicas”.
En los otros dos casos, que guardan grandes similitudes con este, el Comité también afeó la situación a España. En la última, publicada en julio del año pasado, una mujer fue sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento en San Sebastián.
Acudió a las 38 semanas de gestación al hospital por haber roto aguas. El centro ignoró el período protocolario de espera de 24 horas y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento.
La mujer fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Luego fue sometida a una cesárea sin justificación médica, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo. La cesárea fue realizada por un grupo de médicos internos residentes en formación supervisados por tutores, sin el consentimiento previo de la mujer. Cuando nació su bebé, no pudo tocarlo porque aún tenía los brazos atados.
“Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada”, comentó Hiroko Akizuki, miembro del Comité.
En el primer caso, una mujer de 43 años visitó el Hospital Xeral-Calde de Lugo el 26 de septiembre de 2009 debido a contracciones prodrómicas, que son suaves e irregulares y ayudan a preparar el cuerpo para el parto. Aunque no estaba de parto y no había emergencia médica, la mujer fue ingresada en el hospital. Desde ese momento, se le realizaron varias intervenciones sin explicaciones claras y sin permitirle opinar al respecto. Esto ocurrió a pesar de que su embarazo no presentaba problemas.
La mujer fue llevada a una sala con otras mujeres en la que se le prohibió la entrada a su pareja. Allí, permaneció durante 36 horas antes de comenzar a dilatar, durante las cuales se le realizaron siete tactos vaginales. Una vez que inició la dilatación, se le suministró oxitocina para inducir el parto, lo cual, según la resolución, no estaba justificado.
Cuando la mujer fue trasladada al paritorio, pidió que la dejaran incorporarse para dar a luz, pero su solicitud fue denegada sin dar explicaciones. El personal sanitario cortó la vagina de la mujer con una tijera y extrajo a su hija mediante una ventosa sin mediar explicación o información.